Esta ley, aprobada en España a finales del año 2006, pretende dar respuesta a las diversas situaciones de las personas que necesitan de la ayuda de otra para realizar tareas básicas en su día a día (levantarse de la cama, asearse, comer...) o actividadess que requieren una mayor complejidad (planificar una comida, coger un autobús,...); así como a sus familias, que en la mayor parte de los casos asumen el papel de cuidadores.
Para ello la ley define
la dependencia como "el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que,
por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y
ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras
personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la
vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal".
Diferenciándolo del término
discapacidad, que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) define como «dentro de la experiencia de la salud, toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad
de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se
considera normal para un ser humano.»
Esta ley reconoce el derecho de las personas con dependencia a una serie de prestaciones que faciliten su vida y la de las personas que les prestan apoyo o se ocupan de ellos. Muchos de éstos recursos ya existían antes de la presente ley, como son los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio... y otros se han añadido con la misma, como la figura del asistente personal o el servicio de prevención y promoción de la autonomía personal.
En España la población a día 1 de enero del 2012 era de 47.212.990 habitantes, de las cuales 752.005 eran beneficiarias y tenían algún tipo de prestación.
Se recibían un total de 931.754 prestaciones (recordemos que una misma persona puede recibir varias prestaciones, dependiendo de las compatibilidad de las mismas), de las cuales el 45.5% son prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar (sólo 906 son a través de asistente personal), y el 54.5% restante son prestaciones de servicios.
La atención residencial tiene un total de 184.675 perceptores; 124.420 en plazas públicas y 60.255 a través de prestación económica vinculada al servicio. Los restantes 323.154 servicios del total de la atención, se presta mediante centros de día/noche 59.968 , ayuda a domicilio, 119.912 , teleasistencia 125.742 y prevención y promoción de la autonomía personal 17.532 .
El servicio de prevención y promoción de la autonomía personal se articula en torno a actividades formativas (charlas, talleres,...) con el fín de proporcionar a las personas dependientes y a sus familias conocimientos e instrumentos que les sirvan de ayuda, y formación para que puedan asumir mejor las tareas que ya vienen realizando.
A día de hoy son muchas las personas beneficiadas directa o indirectamente por la presente ley, personas que ya reciben un recurso, o que están a la espera del mismo, y la previsión es que este número vaya en aumento. Por ello es importante cuidar y reivindicar tanto por parte de los profesionales como de la población toda esta serie de recursos necesarios e indispensables para todos.
