viernes, 27 de junio de 2014

Rentas mínimas en España, sobreviviendo en un país "social y democrático de Derecho"

La constitución Española del año 1978, vigente en la actualidad, en su artículo 1º define a nuestro país como un Estado Social y Democrático de Derecho, propugando como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

¿Y que significa esto? 

Un "Estado Social" se obliga a sí mismo, mediante una legislación, a promover la justicia social y el bienestar de todos los ciudadanos.  Las medidas que los estado sociales acostumbran a poner en práctica para lograr éste objetivo son: tener un sistema de salud y enseñanzas públicas, sistemas de protección contra el desempleo, un sistema de pensiones para las personas mayores que teminan su vida activa, ayudas económicas para las personas sin recursos, ayudas para las personas con discapacidad, becas para la realización de estudios, ayudas económicas para las víctimas del terrorismo o de los malos tratos,...

El procedimiento mediante el cual el Estado Social financia esta serie de prestaciones sociales es el "sistema fiscal", la recaudación de impuestos entre los ciudadanos, proporcionando al Estado la financiación necesaria pra desarrollar la política social.

Situación actual en España

Según los datos del 1º trimestre de éste año de la Encuesta de Población Activa (EPA), nuestro país cuenta con casi 23 millones de personas activas (ésto significa personas en edad laboral y que están trabajando o están inscritos como demandantes en las oficinas de empleo), de las cuales casi 6 millones de personas se encuentran desempleadas (personas que se encuentran inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de trabajo estatales), lo que significa que actualmente tenemos un 25,93% de personas en situación de desempleo.

Recordemos que cuando una persona se encuentra en situación de desempleo, tiene derecho a cobrar una prestación contributiva si ha cotizado al Sistema de la Seguridad Social (ha de haberlo hecho al menos 360 días dentro de los últimos 6 años). Atendiendo al tiempo de cotización y la situación de la persona, así será la cuantía de la prestación a recibir y el tiempo que dure la misma, es lo que se conoce como prestación contributiva.

Cuando termina el tiempo de cobro de ésta prestación, las personas han de recurrir a otras prestaciones (subsidios por cotización agotada o insuficiente, y subsidios para colectivos especiales). Todos ellos vinculados al cumplimiento de una serie de requisitos, pero que en ningún caso cubren al total de la población en edad laboral que no tiene trabajo, y carece de rentas por tal. Las rentas mínimas de inserción sería las últimas prestaciones que se podrían demandar, ante la imposibilidad de poder cobrar ningún otro tipo de ayuda. Son prestaciones sociales de naturaleza económica y percepción periódica, que se configuran como renta familiar, y su finalidad sería proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentran en situación de exclusión social. En nuestra comunidad (Castilla y León) se denominan Renta Garantizada de Ciudadanía.
Si bien es cierto que el acceso a la misma no es sencillo, ya que la documentación que se ha de presentar es numerosa, y los requisitos para acceder a ésta limitan mucho la población objeto de la misma, como nos indica el "Informe sobre la Evolución de las Rentas Mínimas de Inserción desde el comienzo de la crisis (2008-2011)", del Equipo de Estudios de Cáritas Española. En Castilla y León, en el año 2013 se presentaron unas 11.000 solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía, según informaba el diario 20 minutos el pasado 27 de febrero del año 2014. 

Según datos de la EPA del primer trimestre del año 2014, y como se refleja en el articulo publicado por el diario "El País", el pasado 13 de mayo del año 2014, titulado "Cuatro millones de parados sin prestación";  existían en España sólo 2 millones de desempleados cobrando algún seguro de desempleo (32,5% de la población). Los salarios sociales de las comunidades autonómicas no arrojan datos oficiales a nivel de toda España para que podemos conocer el número de personas que actualmente es beneficiario de éste tipo de ayudas. Pero si que se dispone a través de la EPA del número de hogares en España en los que ninguno de sus miembros dispone de ingresos, que en el primer trimestre del año era de  739.600 hogares, por lo que podemos calcular que sobre un millón y medio de personas no dispone de ingresos en la actualidad en España.

Muchos son los sectores de la sociedad que reclaman una Renta Básica Universal (RBU); que sería el derecho de toda persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas. La Renta Básica se constituye como derecho individual, universal e incondicional. Esa cantidad se fijaría en “el 60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicados a las personas”, es decir, 645,33 euros mensuales correspondiendo al último dato expuesto por Eurostat  en 2011. El pasado enero de éste año se presentó una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso demandado la entrada en vigor de esta RBU.
El Colegio de Trabajo Social de Cataluña ha participado en la organización y difusión de diversos actos que durante ésta semana han tenido lugar en Cataluña para apoyar la entrada en vigor de ésta propuesta, actos encuadrados dentro de la llamada "Semana de la Dignidad".


 Realidades que han existido siempre, pero que a raíz de la crisis, y debido a varios factores, se están acrecentando en la actualidad; y que requieren de una movilización por parte de la sociedad civil. Reclamar una vida digna para todo el mundo es nuestro derecho como ciudadanos, pero también nuestro deber.